CONFERENCIA EPISCOPAL - 13 JULIO 2006

¿COMPLICIDAD DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA? Rómulo Lares Sánchez. 13.07.06.

En nombre de Dios, solicitando humildemente su iluminación en el Día de la Virgen de la Rosa Mística, para que las críticas que debo imperiosamente formular a los representantes de la Iglesia Católica venezolana, no desvíen la atención de la extrema gravedad de la situación política, más bien contribuyan aunque sea con un grano de arena para iluminar su acción, la de los ciudadanos, la de los demócratas.

Indignación, rechazo pero no sorpresa, debe causar en el pueblo venezolano la posición expresada por la Conferencia Episcopal de Venezuela en el documento final de su Asamblea Ordinaria 86 de ayer: “Pensamientos de paz y no de aflicción”. Vergüenza tiene que causar entre los miembros de la Iglesia Católica las conclusiones referidas por el diario “El Nacional” de esta fecha. Fundamentalmente porque es contradictorio, sino imposible, asignarle a la Iglesia, a sus líderes hombres y mujeres, la condición de ignorancia.

Debemos primero tratar de entender, de acuerdo con la acción reciente de tres instituciones fundamentales, tomando apoyo del Evangelio según el que: “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al Reino de los Cielos” (Mc 10 17-27; Mt 19 16-26; Lc 18 18-27) equivalente a que los hombres que dirigen la Iglesia, la Universidad y la institución Militar, instituciones fundamentalmente no democráticas internamente, entiendan el verdadero sentido de la democracia, en el ámbito de la sociedad dentro de la que están obligadas a desenvolverse.

En qué cabeza cabe hoy que exhortando la carcasa de la institución más corrupta y fraudulenta del régimen venezolano, el Consejo Nacional Electoral-CNE, pueda mediante: “Toda colaboración o medida de corrección se hace necesaria cuando el objetivo es rescatar la confianza de todos los sectores del pueblo en la institución del voto”. Esto en cualquier tribunal de justicia, fuera de Venezuela, no podría sino conducir al fiscal a señalar la complicidad de los responsables de semejante declaración. También la iglesia, así como los partidos políticos, las universidades, la fuerza armada, se divorcian del deseo de las grandes mayorías de la nación, las que expresaron con absoluta claridad el 4DIC05 su rechazo al Sistema Electoral Venezolano-SEV y su VOTO, que es el que los obispos pretenden rescatar “colaborando” y “corrigiendo”. ¡Por favor!

El Obispo de Maracaibo, Ovidio Pérez Morales nos recuerda que “ya han enviado varios documentos al ente comicial y están esperando que se fije la fecha de la reunión”, agregando: “El CNE tiene el deber histórico de extremar todos los esfuerzos para que el inmediato proceso electoral sea constitucional, legal, política y éticamente irreprochable, garantizando de esta manera que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto sin miedo a represalias”. ¡Por favor! Monseñor Pérez. La Iglesia romana le dio la espalda al voto de los venezolanos desde los preparativos del Referéndum Consultivo-RC del 2002. ¿Cómo solicitar y esperar que desde el “templo del fraude venezolano”, donde se han producido todo tipo de violaciones a normas, reglamentos, leyes y a la Constitución, mediante las muy bien definidas por su Eminencia Rosalio Cardenal Castillo Lara, “pantomimas”, tanto en el RC como en los sucesivos actos electorales Referéndum Revocatorio I y II, elecciones de Alcaldes, Gobernadores, autoridades municipales, parroquiales y de la Asamblea Nacional-AN, se produzca un retorno al camino de la ley, la verdad, la justicia? Si bien comparto la convicción absoluta de la posibilidad del milagro, debemos todos comprender que sobre semejante letrina de complicidades, donde la casi totalidad de los actores políticos han participado y convalidado, ante la indiferencia de su Iglesia, no se pueda construir la solución, ni el objeto pueda restringirse, sería insólito, sobre “el inmediato proceso electoral”.

En Venezuela no habrá elecciones verdaderas porque con todas las complicidades referidas se diseñó e instaló un Sistema Electoral para el FRAUDE CONTINUADO, tal y como se viene practicando desde el 2003. Para salir de esta realidad se requiere del “milagro” de la reacción de su Iglesia, del fin de su complicidad, así como de las otras instituciones mencionadas. Una de las más perversas acciones ha sido adelantada con el respaldo del “Centro Gumilla”, en el ámbito de la auditoria y de la observación electoral nacional e internacional por los muy devotos miembros del “Ojo Electoral”. El calificativo de perverso se apoya en dos razones: la primera en el uso y abuso de la imagen de la Iglesia; segundo, en el uso y abuso del prestigio de la función auditora.

Continúa Monseñor Pérez: …. “pidió un mensaje coherente de parte de los políticos para ganar la confianza de la colectividad y revertir la tendencia abstencionista”. Señaló que es urgente recuperar “la concordia nacional tanto entre los ciudadanos, como entre éstos y las instituciones públicas”. Sus expertos electorales, su Comisión de seguimiento de las elecciones, sus asesores muy distinguidos, su “Ojo Electoral”, tienen claridad absoluta en cuanto a que la Constitución vigente de 1999 otorga a los ciudadanos el derecho tanto a inscribirse en el Registro Electoral, como a participar en los actos electorales, por lo tanto Obispo Pérez sus declaraciones, sus afirmaciones toman partido del lado del régimen descaradamente ilegítimo e ilegal, que utiliza el argumento según el cual los demócratas, al rechazar el SEV y su VOTO se oponen a la democracia y promueven la abstención. Claramente quienes robaron la democracia, el régimen y sus cómplices de las oposiciones e instituciones, son los que promovieron mediante la destrucción del SEV el rechazo de la nación a ese VOTO.

Con relación a la concordia entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones públicas: usted lo que nos solicita monseñor Pérez es que abandonemos la lucha por la recuperación de la DEMOCRACIA, bien inexistente hoy en Venezuela. Porque lo que claramente existe hoy es un Estado controlado por un régimen dictatorial, corrupto por naturaleza que impone mediante la fuerza, con las complicidades de las instituciones a las que usted se refiere en sentido pasivo. No monseñor Pérez, las que están al margen de la ley terrena y divina son precisamente las instituciones; y los hombres y las mujeres que las dirigen y respaldan no pueden ser referidos como ciudadanos. Con relación a solicitarle concordia a esas instituciones, creo que ha quedado clara la situación al ser todas comparables al CNE del que usted espera concordia. ¡Por favor!

Con relación a la afirmación: “La sociedad percibe, en algunos sectores del Gobierno, una falta de capacidad para dar respuestas a los planteamientos y a las críticas, por muy bien intencionadas que éstos sean. Hay más una tendencia a descalificar a quien pregunta o cuestiona y asignar a sus intervenciones un propósito de desestabilización o, incluso, de “traición a la patria”. Muy respetuosamente le sugiero que le solicite a sus asesores que le expliquen las conclusiones a las que han llegado diversos círculos académicos libres, según las que la acción del régimen ha sido y es claramente deliberada hacia la destrucción de las instituciones, lo que es interpretado erróneamente como una “falta de capacidad para dar respuestas” en lugar de la deliberada intención de promover el caos como táctica y estrategia para el logro del objetivo de la erradicación de la democracia, por el que se ha entregado la soberanía nacional a Estados extranjeros, lo que sí describe claramente la figura de la traición a la patria. Hemos -hace años- rebasado el límite de las “buenas intenciones”, de la crítica, a las muy malas intenciones del secuestro de las libertades, de la violación de los derechos humanos, de la verdadera traición a la patria.

Las buenas intenciones de las críticas, de reprobar la persecución y la discriminación vinculadas a discrepancias ideológicas, “así como la presencia de presos por actividades vinculadas por su posición política” no serán suficientes para contribuir al rescate de los valores perdidos, fundamentalmente las libertades políticas, económicas, sociales, religiosas. Estamos absolutamente de acuerdo entonces con el deber del pueblo venezolano en defender la libertad y la dignidad, pero deben también las instituciones, fundamentalmente la Iglesia, defender esos principios. La petición de la Iglesia a los dirigentes políticos para “que abandonen el discurso incitador a la confrontación y eviten reforzar las divisiones en el seno de la ciudadanía” ante la situación electoral y judicial es absolutamente contradictoria. Se empeñan los obispos en asignar el símbolo del pecado a la defensa de todos esos valores que dice la Iglesia defender, pero son precisamente los que el régimen por la fuerza ha desconocido. También piden el rechazo del ciudadano a la intolerancia y la indiferencia, pero es fundamentalmente la intolerancia una característica del régimen y de las oposiciones, ambos responsables del estado general, de ambos el estandarte de la indiferencia.

Dicen los obispos: “Nada ni nadie, llámese líder o proyecto político, económico o social, del tipo y color que sea, puede estar por encima de la persona. Nuestro pueblo clama al cielo por justicia desde el miedo y la opresión generados por la violencia y el miedo”.

Es importante recordar a los obispos que adicionalmente al respeto de la persona consagrado en la legislación local y universal suscrita por Venezuela, que evidentemente el régimen no respeta, antes cronológicamente, Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República por primera vez en 1998 y la segunda vez en 2000, de acuerdo con las Constituciones de 1961 y 1999, ambas democráticas, participando en campañas mediante la formalidad de presentar al país y promover programas de gobierno que nunca tuvieron absolutamente algo que ver con proyectos políticos diferentes a la democracia representativa o participativa respectivamente, de manera que nuestro pueblo fue engañado, no clama por un gobierno de mejor calidad, está atemorizado por las violaciones legales de todo orden, no por una falta u omisión al programa de gobierno, sino por un régimen que promueve valores y principios desconocidos, ajenos a la idiosincrasia nacional, a las aspiraciones nacionales, es decir, no estamos solamente ante un gobierno con malas calificaciones en cuanto a su desempeño, sino ante un régimen ilegítimo e ilegal que viola consistentemente el Estado de Derecho; nos encontramos ante un régimen terrorista que promueve el terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con respeto, porque creo que efectivamente las intenciones de los obispos son “buenas”, pero con la firmeza de la convicción de cumplir con mi deber, estoy obligado a señalarles que de acuerdo con los comentarios y argumentos anteriores, los que de no estar suficientemente claros estaría dispuesto a debatir, la Conferencia Episcopal por sus acciones y omisiones ante la acción terrorista promovida desde el Estado, puede ser, es, y será señalada como cómplice de la destrucción actual de la Nación.